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¡¡¡¡ESTO NO DA PARA MÁS!!!!!
La construcción de un sistema democrático, participativo, igualitario y con los principios de la Educación Pública
Estudiantes, profesores(as), funcionarios, trabajadores de la educación y muy especialmente, los académicos lo están manifestando. No lo soportan los estudiantes de las universidades tradicionales, privadas ni sus familias. Por esto, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, la presidenta de la FECH, Camila Vallejo y el presidente de la FEUSACH, Camilo Ballestero se dirigieron hasta la Intendencia Metropolitana para solicitar el permiso correspondiente para marchar por la Alameda este jueves 16, pasado, durante el paro nacional de la educación.
La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) anunció su primera movilización nacional para este jueves 28 de abril, ante lo que llaman la crisis del sistema educativo chileno. El petitorio de los estudiantes consideró democratizar el acceso a la educación superior, rechazando la PSU como instrumento único, y una formación docente que considere la eliminación de la prueba Inicia. La decisión fue tomada luego de la última sesión de la Confech donde también participaron universidades privadas como la Diego Portales, Academia de Humanismo Cristiano, ARCIS y la Universidad Central. En cuanto al financiamiento, se propone el aumento del aporte del Estado en el financiamiento de la educación pública, planteando el aumento del porcentaje del Producto Interno Bruto del País referido al gasto público destinado a la educación, entre otras medidas. Asimismo, se exige la creación de un Fondo de Revitalización de la Educación Pública que se distribuya por una única vez a las universidades del Consejo de Rectores, con el fin de solventar la situación de precariedad y crisis financiera en el que se encuentran.
I. LAS DEMANDAS DE LOS ESTUDIANTES
La CONFECH convoca , en esta oportunidad, a estudiantes de educación superior, secundarios, trabajadores, profesores, rectores, investigadores, apoderados y a la ciudadanía entera a un paro y movilización nacional por la recuperación de la educación pública."
El diagnóstico de la CONFECH es que la educación se encuentra en una profunda crisis. Esta se evidencia en una pésima calidad en muchas instituciones de educación superior, el poco acceso al sistema de los sectores más vulnerables, el excesivo endeudamiento de las familias, debilitamiento del rol del Estado y sus instituciones, generación de lucro - fuera de la ley - por parte de muchas instituciones privadas y la prohibición explícita de la participación de la comunidad universitaria en el desarrollo de la institución.
Los estudiantes agrupados en la CONFECH denuncian la no existencia del derecho a la educación y la falsa garantía de que la Educación Superior sirve como una real herramienta de movilidad social; y en este sentido, que tampoco está contribuyendo fielmente al desarrollo armónico de Chile en los aspectos culturales, políticos, sociales y económicos.
Señalan que debido a lo anterior y a que la clase política no ha podido dar una correcta dirección al modelo de Educación Superior desde hace más de 30 años, proponen dar un debate nacional en torno al modelo de educación que regirá alas Úes por los próximos 20 años, ante lo cual plantean tres demandas globales que rigen los lineamientos políticos del movimiento estudiantil, esperando que el Presidente, se pronuncie sobre éstas:
1. Acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula
- Rechazo a la PSU por su carácter regresivo, que no logra captar los talentos de nuestro país, sino que detecta el nivel socioeconómico, Creación de mecanismos complementarios de acceso que consideren nivelación, mantención y titulación para que de una vez exista igualdad de oportunidades para todos (Ej.: propedéuticos).
- El acceso debe asegurarse hacia instituciones de calidad, entendida esta como la que posibilita no sólo una formación de profesionales y técnicos de excelencia académica, sino de ciudadanos íntegros, en el marco del pluralismo, la tolerancia y los valores de justicia, igualdad y respeto. Esto requiere de nuevos estándares de calidad, donde no se mida tan sólo la gestión institucional, sino los perfiles profesionales y el aseguramiento de la libertad de cátedra y opinión. La calidad debe estar asociada a aquellas instituciones que en la práctica no lucren, para que se haga respetar la ley que lo prohíbe.
- Aumentar el financiamiento público en Educación Superior como porcentaje del PIB
- Aportes basales de libre disposición para financiar costos reales y de desarrollo de las universidades estatales. Incluir, además, fondos exclusivos para el reajuste del sector público a sus trabajadores.
- Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales, que hoy deben competir contra grandes conglomerados económicos, amordazados por su burocracia interna, el autofinanciamiento y alto nivel de endeudamiento. Este sería por una vez y orientado con prioridad para aquellas instituciones de carácter Estatal, de Regiones y aquellas que acogen a los estudiantes más vulnerables.
- Reestructuración integral del sistema de becas y ayudas estudiantiles, en pos de terminar con el sistema basado en el endeudamiento familiar, asegurando que las becas para los primeros 3 quintiles cubrirá la totalidad de sus aranceles y en los quintiles 4 y 5 diferenciado según su capacidad de pago. Además las becas de mantención y alimentación deben ser reajustadas acorde a la realidad nacional y se debe aumentar la cobertura al quintil 3 y parte del cuarto, que hoy sí son vulnerables porque su financiamiento se basa en la deuda con tasas de interés impagables.
- Tarjeta nacional estudiantil única y estatal, válida los 365 días del año, en todo el territorio nacional.
- Eliminación del Aporte Fiscal Indirecto, por ser un claro incentivo regresivo, que fomenta la segregación estudiantil.
3. Democratización del sistema de educación superior
a. Derogación del DFL 2 2010, artículo 56 letra e), artículo 67 letra e), y artículo 75 letra e). Exigir el derecho a la participación triestamental de todas las instituciones de Educación Superior en sus cuerpos colegiados, en las elecciones de autoridades unipersonales y en la toma de decisiones.
b. Asegurar las libertades de expresión, cátedra y de asociación a estudiantes, docentes y trabajadores en todas las instituciones, para que no se sigan violando los derechos constitucionales.
II. ¿QUE ESPERAN LOS SECUNDARIOS?
Durante esta semana han sido varios los colegios que se han sumado a las protestas en demandas por mejorar diversos aspectos en esta área, es así como se ha incrementado el número tomado y se espera que se sumen otros liceo emblemáticos del país. En el día de hoy 18 de junio, la amenaza del Ministro de Educación es el desalojo.
Las principales demandas de los estudiantes van por a) la gratuidad de la Tarjeta Nacional Estudiantil TNE y su funcionamiento los 365 días del año; b) enseñanza estatal, gratuita y laica; c) mejorar la calidad de la educación d) apresurar la reconstrucción de los colegios afectados por el terremoto del 27 de febrero del año pasado y, e) el fin a la municipalización. Asimismo, exigen más participación en los establecimientos por medio de Consejos escolares resolutivos. La idea es que el espacio asegure la participación real y la organización activa de los estudiantes; alimentación gratuita y de calidad para todos los estudiantes de colegios municipales y subvencionados y que el gobierno reevalúe la Jornada Escolar Completa (JEC) porque no cumple su objetivo sin instancias de talleres ni de reforzamiento y las tareas y trabajos son para la casa. Además, piden mejorar infraestructura y equipamiento de los liceos técnicos, calidad en la educación especial, rechazan la LGE, entre otras demandas.
III. ¿Y LOS PROFESORES?
Con respecto a la convocatoria de la jornada de paro y movilizaciones Gajarro indicó: “En esta oportunidad se espera mucha gente porque van a estar los estudiantes universitarios en paro, también la enseñanza media y además los profesores. Se han hecho múltiples asambleas regionales y comunales de nuestras filiales y en todas se ha aprobado y generado una adhesión generalizada de tal forma que esperamos una gran presencia del profesorado este día jueves que es un paro de la educación porque estarán los profesores, los estudiantes universitarios y secundarios; los asistentes de la educación, los funcionarios de las universidades estatales, los académicos, y es de carácter nacional. Estamos enviando un instructivo a todas las sedes donde se van a hacer actos similares al de Santiago en todos los principales centros cívicos de todo el país. Esperamos que esta señal sea recogida por las autoridades y que entiendan que este es un movimiento real para terminar el negocio en la educación, por la educación pública y para desmunicipalizar sin privatizar. Todo indica que será una gran jornada el 16 de junio.” El Presidente el Colegio de Profesores entregó las demandas de su organización en la Subsecretaría del MINEDUC y al Presiente el Senado, y se destaca en su petitorio, aparte de las ya mencionadas, el pago de la Deuda Histórica.
IV. LA PARTICIPACIÓN DEL PRO Y LA PERTINENCIA DE LA PROPUESTA PROGRAMÁTICA -EN EL CONTEXTO DE LA MOVILIZACIONES- EN TORNO A LAS DEMANDAS DE LA CONFECH .
El programa el Partido Progresista PRO en sus cinco ejes se plantea los siguiente ejes para su política educativa:
1. Reorientar la educación hacia la formación de personas que tienen que vivir en una sociedad cada vez más compleja e inserta en el planeta. Una persona bien educada es aquella que posee una educación integral de acuerdo a sus necesidades y en armonía con las necesidades culturales de la sociedad y con la preservación del planeta.
2. Resignificar y potenciar el rol de las profesoras y los profesores. Ellos y ellas son actores relevantes y por eso es necesario reconocerlos, entregarles los tiempos y espacios de autonomía necesarios para ejercer su labor profesional, así como mejorar y potenciar su formación.
3. Privilegiar y fortalecer la educación pública. La educación pública es un gran logro de la democracia republicana, pues permite romper la fatalidad de la clase social al nacer. Fortalecer la educación pública es fortalecer la democracia. El Estado debe ofrecer una buena educación a los ciudadanos. El Estado debe hacerse responsable de sus instituciones, asegurando el necesario financiamiento de la educación primaria y secundaria obligatoria, para que éstas puedan funcionar con la calidad requerida y debe hacerlo de tal manera, que la educación post secundaria y superior esté al alcance de todos, independiente de los recursos de que dispongan las personas.
4. Asumir la política de NUEVO TRATO que reclaman las Universidades del Estado para superar las condiciones de precariedad en que se encuentran. La institucionalidad de la Educación Superior requiere una transformación que concentra la mayor cantidad de estudiantes cada año en las universidades, con lo cual se mantiene la inercia de tener menos estudiantes en la base que en la cúpula.
5. El Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación del país requiere enmarcarse en una visión de futuro que potencie el Desarrollo Humano en Chile, de tal manera que defina prioridades sobre la base de conceptos de desarrollo económico y social explícitos que garanticen los derechos económicos, sociales y culturales suscritos por Chile en los diversos pactos y tratados de derechos humanos.
Entonces, si desarrollamos los ejes más atinentes tenemos que:
A) Privilegiar y Fortalecer la Educación Pública. El Estado debe garantizar la cohesión interna de la nación mediante la provisión de educación para todos los habitantes del territorio, independientemente de su género, raza, edad o nacionalidad.
Focos
- Un nuevo rol del Estado como responsable de la educación pública.
- Fortalecer el rol del Estado en la educación, pasando de un Estado centralizado a un Estado descentralizado en la gestión.
- El Ministerio deberá dotarse de una nueva estructura adecuada a una visión descentralizada de la educación y que articule los niveles macro – meso –y micro.
- La implantación de la nueva estructura debe ir acompañada de un modelo y de una estrategia de transición.
- Pasar de una política que considera que el mercado es el motor de la educación hacia otra en la cual el foco sea que la educación es un derecho humano fundamental.
Propuestas
- Una educación pública. La educación pública deberá estar financiada por el Estado y estar sometida a sus regulaciones. Ésta puede tomar dos formas i) Escuelas y colegios estatales, que dependan directamente del Estado y sigan la regulaciones del Estado a través de sus estructuras y ii) aquellas, que cuenten con propietarios privados. Entre éstas, las que deseen asociarse a los beneficios de los establecimientos estatales, podrán realizar convenios específicos con el Estado y someterse al control de los recursos asignados y regulaciones en lo pedagógico curricular.
- Escuelas y Liceos de Estado. Proponemos desmunicipalizar y devolverlos al Estado. Estos establecimientos, pasaran a ser parte del Estado y serán un bien público de carácter local al cambiar su dependencia de los municipios a las Agencias Locales de Educación, estructuras de funcionamiento comunal.
- Crear comunidades de aprendizaje que reflexionen sobre su práctica mediante el impulso a la sistematización, innovación, experimentación e investigación apropiada a cada escuela y liceo para enfrentar de manera diferente sus obstáculos al aprendizaje.
- Introducir cambios estructurales en el Ministerio de Educación, varios de los cuales requerirán el diseño de nuevas leyes o modificar algunas de las que están vigentes. Descentralizar la educación hacia las Escuela y a los Liceos – concebidos como Comunidades de Aprendizaje y crear nuevas estructuras del Estado, concibiéndolas como entidades de apoyo a los procesos de interacción en el aula y de gestión en los establecimientos educacionales, estas son: las Agencias Locales de Educación (ALE), un Sistema Regional de Aprendizaje , el Sistema de Evaluación Multidimensional y Multifuncional (SEMM) y la Reforma de CPEIP
- Modo de financiamiento en la educación. Es necesario cambiar el modo de financiamiento de la educación. Proponemos traspasar recursos financieros al establecimiento de acuerdo al número de cursos existentes con un máximo de 30 alumnos y un mínimo de 25. Esto debe exceptuar a los las escuelas rurales donde a veces hay diez o menos alumnos por curso y complementar esta modalidad basal con subvención.
- Cambio en la asignación de la subvención. Dado que la modalidad actual penaliza a los sectores más vulnerables, pasaremos de una modalidad de pago de la subvención por asistencia, a una modalidad de pago por matrícula.
- Financiamiento de la educación. Elevar la inversión pública del 3,5% a 7% del PIB, en consonancia con los promedios de la inversión en los países de la OECD.
B) Asumir la Política de Nuevo Trato que reclaman las universidades del estado para superar las condiciones de precariedad en que se encuentran. La institucionalidad de la Educación Superior comprende a las Universidades, a los Institutos Profesionales y a los Centros de Formación Técnica. De ellos, es la universidad la que concentra la mayor cantidad de estudiantes cada año, con lo cual se mantiene la inercia de tener menos estudiantes en la base que en la cúpula, lo que se ha denominado una pirámide invertida, a pesar de la decisión de construir una pirámide normal.
Focos
- La universidad estatal debe reencontrarse con la tarea histórica de convertirse en conciencia crítica y responsable. La lógica del mercado ha precarizado a la universidad pública. Los análisis han dejado al descubierto que el Estado en Chile invierte en educación superior, menos de un tercio del promedio de los países de OCDE.
- Converger en un conjunto de políticas que pongan en el centro la preocupación por los estudiantes. Existe un desmedro en infraestructura de bibliotecas y lugares de estudio y esparcimiento de las universidades, institutos y centros de formación técnica, lo que desmejora la tasa de retención y aumenta los tiempos promedio de titulación.
- El escaso arraigo institucional de los académicos resiente la calidad de la enseñanza y se anulan las posibilidades de investigar. Los Académicos se encuentran precarizados por contratos a honorarios y bajos salarios. Un académico trabaja regularmente en varias instituciones, imparte clases a una gran cantidad de estudiantes, sin que logre atender necesidades más específicas en los diversos y variados grupos. Es necesario de resolver con cierta premura la existencia de una masa crítica mayor para el desarrollo que el país reclama.
- Financiamiento de la Educación Superior. La Educación Superior y el desarrollo de la Ciencia y Tecnología en Chile, incluyendo los procesos de innovación tecnológica, se sitúan en un nivel de gran precariedad en relación con los estándares internacionales y sobre todo en relación con las urgentes necesidades de un desarrollo sustentable e integrado para nuestro país. La Educación Superior en Chile ha tenido una tendencia declinante desde el punto de vista del gasto público dentro del PIB. En 1973 la Educación Superior ocupaba el 1,81% de PIB, reduciéndose al 0,45% en 1990 y a sólo un 0,3% en 2008. El conjunto del gasto público y privado llega al 1,5% del PIB, lo que es inferior a lo logrado hace poco más de 3 décadas. Esto se traduce en términos de presupuesto en que mientras el Estado cubría el 90,6% del gasto en Educación Superior en 1970, en 1990 cae al 40,9%, y en 2008 la cifra llega sólo al 18%. Desventaja con otros países altamente privatizados, como Corea del Sur (20% financiado por el Estado) y USA (35% financiado por el Estado).
Propuestas:
1. Crear cuatro Centros Modelos de Formación Técnica (CFT) financiados por el Estado, dos en el sur y dos en el norte de nuestro país.
2. Diseñar nuevos estándares de calidad para la acreditación de la formación técnico-profesional, para alcanzar una mayor sintonía con las necesidades de las empresas, y aumentar la empleabilidad de los egresados.
3. Mejorar el precario marco contractual de los docentes, generando una masa crítica de contratos por jornadas (medio tiempo y tiempos completos).
4. Implementar una política que comprenda a todos los estudiantes de una ciudad, y/o a los de una zona geográfica de la capital, que comprenda a un grupo de universidades y demás instituciones, dispuestas a resolver en conjunto estas grandes necesidades.
5. El gasto público en Educación Superior (ES) dentro del PIB debiera incrementarse desde el 0,3% actual hasta un 3% o 4%, de acuerdo al marco de la OCDE, dentro de este periodo de gobierno. Ello debiera permitir pasar de un financiamiento público de la Educación Superior del 18% actual, hasta un indispensable 50%. Se propone que se tienda a que 2/5 de los estudiantes de educación superior y técnica profesional correspondientes a familias de menores ingresos tengan el 100% del costo financiamiento asegurado.
Expuesto así, es posible afirmar que la propuesta de la Comisión Programática de Educación tiene amplia pertinencia con lo demandado por los actores del Sistema Educativo
V.- LOS PARTIDOS POLÍTICOS TRADICIONALES, LA LEGITIMIDAD PARA ABORDAR EL PROBLEMA DE LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA POLÍTICAS PÚBLICAS CONDICIONADAS POR UNA CLASE POLÍTICA DETERMINADA.
Las Universidades de todo el país comenzaron en mayo sus movilizaciones con marchas y actos culturales y bajo la consigna de “recuperar la educación pública”. Estas acciones se han ido acrecentando, llegando en estos momentos a mantener paros y establecimientos en toma en todo Chile.
Según se publica en la página de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, sus demandas son: a) acceso con igualdad, equidad, integración, y heterogeneidad social en la matrícula con la creación de mecanismos complementarios de acceso como propedéuticos, nivelación bachilleratos y rechazo a la PSU. b) Aumento el financiamiento público en Educación Superior como porcentaje del PIB: Aportes basales de libre disposición; Fondo de revitalización para las Universidades Tradicionales; Reestructuración integral del sistema de becas y ayudas estudiantiles, en pos de terminar con el sistema basado en el endeudamiento familiar; Tarjeta nacional estudiantil única y estatal, válida los 365 días del año, en todo el territorio nacional; Eliminación del Aporte Fiscal Indirecto y que el Estado debe asumir la responsabilidad de realizar formación técnica a través de sus instituciones, c) Democratización de nuestro sistema de educación superior, exigiendo el derecho a la participación triestamental de todas las instituciones de educación superior en sus cuerpos colegiados, en las elecciones de autoridades unipersonales y en la toma de decisiones; y asegurar las libertades de expresión, cátedra y de asociación a estudiantes, docentes y trabajadores en todas las instituciones. Esto es compartido y difundido por los estudiantes universitarios de instituciones tradicionales y privadas de nuestro Colectivo de Educación Superior. Las masivas movilizaciones contra la profundización de la privatización de las políticas educativas siguen sumando actores a la convocatoria de estudiantes secundarios y universitarios, profesores, trabajadores, e incluso algunos rectores de universidades estatales los que se han congregaos desde mayo a las movilizaciones de los estudiantes Sus demandas, se explican en el financiamiento preferencial a las universidades del Estado, igualdad en el acceso a la educación superior y participación de la comunidad en la toma de decisiones en las universidades públicas, entre otras medidas que apuntan a desmercantilizar el sistema de Educación Superior.
Las movilizaciones sociales durante este 2011 se han apoderado de la escena pública con fuerza, y el PRO ha participado de ello. El surgimiento de nuevos actores colectivos y el desgaste del sistema político institucional en su conjunto han puesto en jaque al modelo económico y político por distintos flancos. Las ´luchas ciudadanas en defensa de los recursos naturales, la lucha por condiciones laborales más dignas y las recientes protestas estudiantiles son claros ejemplos de ello. El movimiento estudiantil replegado en el 2005 con el Crédito con aval del Estado, con la LGE en el 2006 y la histórica levantada de manos de la Concertación y la Derecha unidas, y en el 2008-2009 con la definitiva aprobación de la LGE en que la Alianza en el poder arrodilló a la Concertación. Durante este extenso proceso de derrotas estudiantiles se experimentó un recambio considerable en las formas de luchas y en las maneras de hacer política estudiantil.
La participación de los estudiantes en partidos políticos es algo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo, sin embargo, de los procesos vividos surgen las críticas a las dirigencias estudiantiles que elaboran los petitorios del conjunto de los estudiantes, respondiendo a los requerimientos de su respectivo partido político y la ya conocida práctica de negociaciones a espaldas del movimiento estudiantil. Es en este marco en el que una nueva manera de hacer política comienza a posicionarse con fuerza, expresada en el movimiento secundario durante el 2006(revolución pingüina) y en el universitario durante el 2008. Una cultura política centrada en el diálogo entre los estudiantes de base, de manera horizontal, y en la que los representantes son voceros de las posiciones acordadas por el conjunto de los estudiantes. Ese recambio, en parte, es propiciado por el descrédito de los referentes políticos tradicionales y por el avance del modelo económico, y su complicidad con ello, en materia educativa. Esa situación debiera revertirse con la derrota electoral de la concertación en las presidenciales y con el repliegue sistemático de ésta al mundo social para recuperar base de apoyo electoral. En ese marco de reconfiguración del sistema político partidista, los acercamientos entre la concertación y el PC son más contingentes, dejando claro el rol histórico de la concertación y el PC como contenedores políticos del descontento popular en los canales institucionales del Estado, en donde han ganado, a través de plataformas electorales, 15 federaciones de las 27 de la CONFECH y en el movimiento secundario con fuerte presencia en la FEMES (Federación Metropolitana Estudiantes Secundarios) que agrupa a los liceos emblemáticos. Sin embargo, ese control relativo de las dirigencias estudiantiles no se ha manifestado claramente y la disputa actual por la hegemonía del movimiento estudiantil sigue en pie de lucha.
La rearticulación del movimiento estudiantil este año ha sacado el conflicto estudiantil de lo meramente gremial para convertirlo en un problema transversal de toda la sociedad, convocando a diferentes actores sociales a las manifestaciones públicas (la protesta del 16 de junio, convocó a más de 70 mil manifestantes); sin embargo, la actual disputa interna y la presión gubernamental hacen que hoy cualquier tipo de salida al conflicto educacional sea dificultosa y que los sucesos de la CONFECH del 18 y 19 y el llamado al Encuentro Educacional a realizarse el viernes 17 y lunes 20 sean fundamentales para poder evaluar el rumbo que tomará el conflicto.
Es necesario entender que la construcción del poder estudiantil es una tarea de todos y que se construye políticamente con organización y claridad programática no de un día para otro, sino que disputando la hegemonía real del movimiento estudiantil en sus estructuras de representación, subvirtiéndolas y volcándolas al trabajo de los estudiantes como los actores sociales relevantes. Y para avanzar hacia eso debemos plantear una política reivindicativa que genera unidad al interior del mismo movimiento, fortaleciéndolo política y orgánicamente. Sólo la unidad de los actores reales es el poder que hace temblar a los arcaicos; una unidad efectiva y no mezquina, una unidad real.
El movimiento estudiantil y el Pro en su conjunto debe difundir su postura y deben participar en ello a través de sus militantes universitarios y juventud y deben tener claridad de que la salida política de este momento en el que se encuentran necesita de perspectiva histórica, necesita aprender de los errores de ayer con miras al fortalecimiento del movimiento en su conjunto. En ese panorama debemos tener al menos las siguientes precauciones y/o consideraciones: 1) el movimiento estudiantil necesita una plataforma de lucha única que unifique a secundarios, universitarios de universidades privadas y tradicionales conformadas democráticamente y que apueste a instalar programáticamente el horizonte político común: la educación como un derecho social y que responda a los intereses del conjunto de la sociedad y no del mercado; 2) establecer una política de lucha mínima para el conjunto del movimiento estudiantil que permita la convergencia con otros actores sociales vinculados a la educación como docentes, funcionarios y familias; 3) evitar cualquier tipo de negociación política con las autoridades antes del cumplimiento de los puntos anteriores y sobre todo, 4) la no fragmentación del poder estudiantil; y 5) establecer como horizonte posible, una salida social al conflicto, a través de las modalidades democráticas vigentes. Sólo la democracia social permitirá disputar la construcción de un proyecto de educación pública que responda a las necesidades de las y los estudiantes y de los académicos, profesores, y de los sectores más deprivados. Comisión Programática de Educación
Partido Progresista
